En 2016, el Senado de Brasil destituyó a Dilma Roussef de la presidencia del país en un “juicio político” que no tuvo efecto penal alguno. En 2018 la justicia de Brasil condena, encarcela e inhabilita electoralmente a Lula Da Silva, abriendo el camino a la victoria electoral de Bolsonaro, aunque después fueran anuladas las acusaciones por carecer de base fáctica alguna. También en 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa, inhabilitándolo electoralmente, aunque Interpol se haya negado a ejecutar tales ordenes por basarse en acusaciones fraudulentas con clara intencionalidad política.
Previamente en 2017 era condenado a seis años de prisión e igualmente inhabilitado su ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Hace unos días, la justicia de Bolivia respondió a la huelga general convocada para exigir a la junta golpista del país la rápida celebración de elecciones libres, dictando órdenes de prisión y procesamiento contra el ex presidente Evo Morales, el ex canciller David Choquehuanca, el actual candidato presidencial del MAS Luis Arce y el secretario general de la mayor central sindical del país, Juan Carlos Huarachi. Las acusaciones son de terrorismo y genocidio y aunque probablemente también quedarán en nada, servirán para inhabilitar electoralmente a todos los anteriores, eliminando de la escena política a los adversarios que tienen posibilidades de disputar victorias electorales a las oligarquías políticas dominantes.
